La revista EAFI Informa, elaborada por EAF –el órgano del Consejo Generalde Economistas dedicado a las EAFIs- ha analizado en su edición número 10 las actividades recientes de la CNMV para evitar la llamada gestión encubierta. En un artículo bajo el título “CNMV y la gestión encubierta” y publicado por Horacio Encabo, responsable de EAFIs Andbank, explica que el organismo ha iniciado una serie de actuaciones de supervisión y requerimientos de información, con el objetivo puesto en la denominada gestión encubierta, como también informó Funds Society. La justificación documental del asesoramiento, los porcentajes de recomendaciones aceptadas y la proporcionalidad de los ingresos del asesor están en el punto de mira.
“Los principios que subyacen a estas actuaciones del supervisor son fundamentalmente, la protección de los accionistas/partícipes de las IICs y adicionalmente evitar que personas físicas o jurídicas sin habilitación para ello lleven a cabo funciones específicamente reservadas por ley a las empresas de servicios de inversión (en adelante ESIs), en primera instancia las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (en adelante, SGIIC). El supervisor entiende que son estas ESIs (que tienen en su programa de actividades la gestión de carteras de vehículos de inversión y están debidamente habilitadas para ello) las que pueden gestionar y evitar que los asesores externos cuyos servicios puedan contratar, gestionen de forma encubierta IICs”, explica el experto.
En su opinón, la “iniciativa en sí misma es buena pero como siempre, los problemas vienen derivados de la fórmula que se elige para realizar estos controles. Por un lado las gestoras, como responsables frente al supervisor y las propias IICs, tienen unas funciones claras y delimitadas por ley que se resumen fundamentalmente en la gestión de la cartera de la IIC, y el control y gestión de riesgos. Adicionalmente llevan a cabo las siguientes funciones respecto de la IIC: valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo el régimen fiscal aplicable; suscripción y reembolso de participaciones de fondos y, en su caso, adquisición y enajenación de acciones de IIC; la comercialización de participaciones o acciones de la IIC; llevanza del registro de partícipes o accionistas; teneduría de registros; servicios jurídicos y contables en relación a la gestión de la IIC; control del cumplimiento de la normativa aplicable; distribución, en su caso, de los rendimientos; liquidación de contratos incluida la expedición de certificados; y dar respuesta a las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas”.
Encabo explica que, para llevar a cabo sus funciones, la SGIIC puede decidir contratar los servicios de terceras entidades. “No es inusual que la SGIIC contrate a un asesor, bien porque dicho asesor sea especialista en alguna materia concreta o bien porque el asesor tenga un modelo de asesoramiento especial o particular. Esto es muy habitual en el caso de las EAFIs, ya que su objeto prácticamente exclusivo es precisamente ese, Asesoramiento en Materia de Inversión”.
Pero advierte de que, el hecho de que una gestora contrate a un asesor, “lógicamente” no implica necesariamente que exista una “gestión encubierta”: “La existencia de dicho asesor no exime a la gestora de todas sus responsabilidades; por tanto y con independencia del asesoramiento recibido de la EAFI, las gestoras deben tener implementados sus propios procedimientos de protección y salvaguarda tanto por su propio interés, como por el de los partícipes/accionistas de las IICs que gestionan”, dice.
“De este modo, en la documentación legal de la IIC se hace constar la existencia del asesor. En algunas IICs, como en el caso de aquellas gestionadas por el grupo Andbank, se suele identificar explícitamente a la EAFI en el propio nombre de la IIC (caso de los fondos por compartimentos asesorados por EAFIs Gestion Boutique) y para la selección de las EAFIs que asesoran se realiza una Due Diligence exhaustiva de su experiencia, modelo, medios, recursos y capacidades”.
Las actividades de la CNMV
En relación a las solicitudes de información sobre asesores de IICs que la CNMV está solicitando a algunas gestoras, explica que la opinión del mercado está dividida, y cita varios puntos en los que ahora se está centrando esa supervisión.
En primer lugar, la justificación documental del asesoramiento y recomendaciones realizadas: «Está claro que tanto EAFIs como gestoras están a favor de documentar la actividad que se realiza (y por la que se remunera al asesor) dentro de unos términos razonables y en la misma forma en que se documentan las relaciones entre entidades institucionales, ya que ambas (gestora y EAFI) lo son”.
En segundo lugar, el número de recomendaciones totales realizadas por la EAFI, así como los porcentajes de aceptadas y rechazadas por las gestoras: “Este punto es quizás el que mayor controversia ha generado puesto que es difícil encontrar un equilibrio en él. ¿Hasta qué punto podemos establecer qué porcentaje de recomendaciones rechazadas es razonable o no lo es? ¿A mayor número de recomendaciones rechazadas estamos ante una actuación correcta de la SGIIC o ante un asesor que no asesora debidamente y obliga a la SGIIC a rechazar un gran número de las recomendaciones recibidas? ¿Actúa la SGIIC en beneficio último del partícipe/accionista simplemente al rechazar recomendaciones o al buscar un asesor cuyas recomendaciones sean 100% adaptadas a la política de inversión de la IIC y por tanto pueda ejecutar todas ellas? La CNMV en este punto no establece porcentajes razonables de recomendaciones a rechazar, dejando por lo tanto dicha difícil decisión a la SGIIC”.
En tercer lugar, el porcentaje de ingresos del asesor sobre el total de comisión de gestión: “Las responsabilidades de la gestora las hemos recordado anteriormente. Ciertamente son muchas y variadas, y la tendencia es que cada vez sean mayores la exigencias que deben soportar. Este punto al igual que el anterior, no está exento de polémica, pues de nuevo no aporta el supervisor un porcentaje o límite que se pueda considerar razonable.
Aquí el sector se pregunta ¿una remuneración alta del asesor puede automáticamente y sin tener en cuenta otros criterios, suponer un perjuicio para el partícipe/accionista? La respuesta vuelve a ser no. El reglamento de IICs ya establece unas limitaciones máximas a las comisiones de gestión aplicables a los vehículos. Si bien esta limitación a la retribución de los asesores no tiene sentido en el caso de los fondos de inversión, sin personalidad jurídica propia y cuyo único representante es la gestora, o en última instancia el depositario, todavía lo tiene menos en el caso de las SICAVs, que si tienen personalidad jurídica, puesto que son sociedades anónimas, con un Consejo de Administración y una Junta de Accionistas con capacidad para tomar decisiones y en las que puede no tener tanto sentido esa necesidad de protección de la IIC.
Debemos tener en cuenta que la elección de un asesor puede inclusive no ser una decisión de la propia gestora sino del propio Consejo de Administración de la misma o de la Junta de Accionistas, que manifiesten su decisión de contratar a un asesor externo especializado, como por ejemplo una EAFI, para asesorar a la gestora para dicha SICAV. No olvidemos que en última instancia es la propia SICAV quien indirectamente remunera al asesor, puesto que la comisión de gestión de la que se cede una parte a aquél se cobra al propio vehículo. ¿Hasta qué punto puede intervenir el supervisor en la libertad de la SICAV como sociedad anónima para establecer un precio por unos servicios prestados, siempre que se respeten las normas aplicables a sociedades anónimas? Es cierto que no deja de ser una sociedad anónima diferente y sometida a una mayor regulación pero de nuevo nos quedamos con una pregunta: ¿qué porcentaje de cesión de la comisión de gestión es razonable como remuneración al asesor y no desvirtúa la labor de la SGIIC para la SICAV?”.
Y Encabo hace una valoración final: “Tanto las EAFIs como las SGIICs están de enhorabuena con estas medidas. Está claro que poner coto a la “gestión encubierta”, que se apueste por que los asesores se regulen, por la profesionalización, por erradicar el intrusismo, por mayor transparencia, es bueno y sano para el sector: garantiza que esta actividad sea desarrollada por intervinientes en el mercado con conocimientos, medios y experiencia para hacerlo, que todos sean responsables de sus actuaciones, que se proteja a los inversores finales frente a malas praxis y falta de transparencia, etc. pero en ningún caso hay que “demonizar” a las EAFIs por hacer su trabajo (asesorar) ni presuponer que las SGIIC están colaborando con aquéllas en una actividad al margen de la norma».
Pero también hace una advertencia: «Mientras exista información detallada y clara para los inversores, mientras el asesoramiento esté documentado y justificado, y mientras las partes hagan de forma honesta y responsable exclusivamente aquello para lo que están autorizados, no debería haber problemas y el regulador debería ser consciente de que el exceso de regulación y normativa está ya poniendo en riesgo la viabilidad y el futuro de una industria muy sana y que goza de gran éxito en el resto de países europeos, las EAFIs”.
Por Alicia Miguel Serrano