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Próximas claves regulatorias

Inverco insiste: si no hay cuarto supuesto, a los comercializadores de fondos solo les quedarán dos opciones "inviables" y optarán por otros vehículos

Inverco insiste: si no hay cuarto supuesto, a los comercializadores de fondos solo les quedarán dos opciones "inviables"
De izquierda a derecha, Rodrigo Díaz de Deloitte; Ángel Benito, de la CNMV; Enrique Sánchez de León, de la APD, y Ángel Martínez-Aldama, de Inverco, en el IX Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva celebrado esta mañana en Madrid, en el hotel Westin Palace.
  • Serían la comercialización directa de fondos de terceros y el asesoramiento no independiente
  • En este último las cifras no cuadran porque para una suscripción media de 3.000 euros y teniendo cuenta la comisión media del sector del 0,98% incluyendo la distribución, solo quedarían 18 euros para la entidad asesora
  • MiFID II: “El objetivo debe ser mejorar la protección a los clientes y no aumentar la competencia al sector”, critica Martínez Aldama
  • Rodrígo Díaz (Deloitte): “A lo largo de 2018, veremos cómo las entidades van a ir cambiando su modelo de negocio: la foto final del final de año será muy distinta a la del comienzo”
  • Lázaro de Lázaro (Santander AM): “La modificación sobre las cuentas ómnibus es una buena noticia, pues la regulación actual supone un lastre competitivo para iniciativas de gestoras españolas en relación con las internacionales”
  • Desde la CNMV explican que ESMA considera alinear el asunto del análisis para fondos UCITS y de inversión alternativa
Por Alicia Miguel Serrano , Madrid

Los actores de la industria de la inversión colectiva en España se mostraron muy satisfechos de la evolución del negocio a lo largo de 2017, y esperanzados por un futuro también prometedor: así lo indicaron los representantes de las principales gestoras que operan en España en el marco del IX Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva celebrado esta mañana en Madrid bajo el lema “Un nuevo escenario de crecimiento y transformación” y organizado por la APD, Deloitte e Inverco.

Pero, para avanzar en este sentido, primero hay que superar los retos más inminentes que se ciernen sobre la industria y que, para Rodrigo Díaz, socio responsable del área de Investment Management de Deloitte, son fundamentalmente tres: MiFID II y sus consecuencias, el estrechamiento de márgenes del negocio (ante la presión de la gestión pasiva y el aumento de los costes regulatorios, lo que obligará a las gestoras a capturar sinergias en términos de automatización o externalización de actividades no core, por ejemplo), y la necesidad de ofrecer a los clientes soluciones de inversión que les acompañen a lo largo de su ciclo vital. “Si estos retos se superan, nos pondremos a la altura de otras economías más maduras en las que el peso de este sector en el PIB es mayor, reduciremos el gap de 190.000 millones de euros para que los jubilados mantengan su poder adquisitivo y lograremos una estructura más equilibrada entre activos financieros e inmobiliarios”, añadía.

A vueltas con MiFID II

El primer tema, la regulación, centró gran parte del debate por el carácter disruptivo que tendrá en la industria: “A lo largo de 2018, veremos cómo las entidades van a ir cambiando su modelo de negocio: la foto final del final de año será distinta a la del comienzo”, decía Díaz, debido a este tema, aún no resuelto.

Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, destacaba en primer lugar los cuatro pilares clave de los fondos (el hecho de que permiten el acceso a los mercados financieros a clientes minoristas a partir de cifras de 15, 20 o 40 euros; la liquidez; la transparencia –por ejemplo en términos de costes pues los fondos de inversión y pensiones “son los únicos productos financieros con costes explícitos”-; y, por último, una competencia “rabiosa” a través de la figura de los traspasos y de lo que es consecuencia la llegada de nuevas gestoras -19 nuevas en los últimos dos años y medio y casi 200 internacionales que venden en España sus productos-). En este “momento dulce” -tanto en cuentas de partícipes como de patrimonio, flujos de entrada o favoritismo de las redes hacia el fondo como vehículo de inversión a medio y largo plazo- que no se puede estropear, Aldama habló de varios retos, como la necesidad de perfilar bien al cliente, la combinación –y no contraposición- de la gestión activa y la pasiva, la educación financiera o la digitalización; pero, sobre todo, se centró en MiFID II .

“El objetivo debe ser mejorar la protección a los clientes y no aumentar la competencia al sector”, dijo, como crítica. “MiFID II ya supone una mayor transparencia en el desglose explícito del coste implícito –información de gestión y distribución-, en un sector donde ya hay mucha competencia e información”, añadió, remarcando el régimen de traspasos sin penalización fiscal (que ha permitido a los fondos extranjeros suponer ya un tercio de la industria, a través de su inclusión en fondos de fondos que han permitido canalizar estos vehículos por las redes minoristas). “Nuestra postura aboga por la inclusión de un cuarto supuesto que permita a los distribuidores vender fondos y no otros productos, que suponga una herramienta que dé valor añadido al cliente en términos de filtrar el universo de opciones de miles de fondos que existen y que, en función de sus preferencias, tenga la misma opción de comprarlo en distintas oficinas”, insistió, a pesar de que la normativa inicial no lo ha contemplado. 

En caso de ausencia de ese cuarto supuesto, dijo, las entidades comercializadores podrían tener tentación de vender otros productos al margen de los fondos. En su opinión, con respecto a los fondos, solo quedaría una situación de comercializar directamente productos de terceros o de asesoramiento no independiente “y ambas son inviables”: “La primera, por las obligaciones añadidas que plantea en términos de conocer al cliente, diseñar las nuevas relaciones fabricante-distribuidor que exige la nueva normativa, o cumplir las obligaciones post-venta; y la segunda por un tema de costes”, defendió.

Según Martínez-Aldama, para una suscripción media de 3.000 euros y teniendo cuenta la comisión media del sector del 0,98% incluyendo la distribución (muy barata en comparación con otros mercados, como Reino Unido, donde solo la clase limpia de fondos cuesta un 0,92%), quedarían 18 euros a favor de la entidad asesora. Una cantidad con la que tendría que financiar el test de idoneidad, la propuesta por escrito de la asignación activos, y la evaluación anual de la idoneidad, teniendo en cuenta que el coste de la hora del trabajador en el sector asciende a unos 40 euros. Por eso, para el presidente de Inverco, las cifras no cuadran y pide accesibilidad para los fondos: “No confundamos eso con que un cliente en un canal tenga que tener acceso a todos los fondos y en el canal y entidad que quiera, porque esto no pasa en ningún país de Europa”, dijo.

Ángel Benito, consejero de la CNMV, también hizo hincapié en el terreno movedizo en el que aún se mueve la regulación, y que supone un reto para el sector en un momento muy positivo en el que, tras la crisis, “ha sabido diseñar sus modelos como parte de un cambio de estrategia centrado en el control de costes, la gestión activa del riesgo y una mayor eficiencia operacional”. Pero ahora está en una encrucijada, un escenario de transformación que impone un contexto más sofisticado y exigente, en parte por los impactos de MiFID II. En su intervención, no habló del cuarto supuesto pedido por Inverco, y en principio rechazado, pero sí se centró en otros aspectos clave como el tema del análisis y la mejora de la regulación de las cuentas ómnibus.

Cuentas ómnibus

Aunque ya hace unos años ya se aprobó un sistema por el que se permiten las cuentas globales a nombre del comercializador de forma que una gestora puede dar servicio a clientes desconociendo su identidad, esto no puede aplicarse a los partícipes pre-existentes, de forma que actualmente hay una coexistencia de dos situaciones diferentes que “incrementa la complejidad operativa”, dice Benito: de ahí la propuesta que pretende modificar la ley para solucionar el problema y facilitar el uso de estas cuentas entre las IICs.

“Es una buena noticia, pues la regulación actual supone un lastre competitivo para iniciativas de gestoras españolas en relación con las internacionales”, dijo Lázaro de Lázaro, consejero delegado de Santander AM España, añadiendo que “hay mercado para todos y compitiendo todos haremos un mercado mejor”. De hecho, el experto habló de un mercado muy competitivo en España en el que MiFID II no está aquí para aumentar esa competencia, ya que no lo ha hecho a nivel europeo: “No creo que el objetivo final sea el aumento de la competencia del mercado, pues si hubiera sido así nos hubiera gustado ver una armonización del régimen de traspasos por parte de ESMA”, algo que no ha ocurrido, pues en otros países esto no existe. “Cuando se lanzaron en 2014 la idea era permitir la distribución en redes distintas a las de la gestora y mejorar la competitividad del sector. La nueva normativa puede significar un ahorro de costes en los procesos administrativos y su lanzamiento definitivo, algo positivo para la industria”, añadia Juan Pedro Bernal, director general de CaixaBank AM.

¿Quién pagará el análisis?

Sobre los cambios que traerá MiFID II en el tratamiento del coste del análisis (considerado un incentivo no monetario y no permitido en el marco de los servicios de asesoramiento y la gestión de carteras), Benito explicó que “si el coste se carga al cliente de forma directa y basado en un presupuesto informado, y no está ligado al volumen de operaciones, no tendría esa consideración de incentivo y estaría permitido en cualquier servicio”. De hecho, ESMA considera alinear este asunto para fondos UCITS y de inversión alternativa, dijo Benito.

Las gestoras se plantean si optar por esta fórmula de cargar al fondo –o al cliente- ese coste explícito del análisis (que ahora se separa del de ejecución) o asumirlo de forma interna. Un 30% de las grandes gestoras optan por la primera vía, otro 30% por la segunda y otro 40% no se han pronunciado, decía Díaz. Preguntada sobre el tema, Rocío Eguiraun, consejera delegada de Bankia Fondos, explicaba que están analizando la situación, al valorar que el análisis es esencial, y que podrían optar por un modelo mixto: asignar los costes a los fondos en algunos casos, “asignándolos de forma justa y proporcionada, al servicio de cada producto”, y que, en los servicios más globales, esos costes podrían ser asumidos por la gestora. En cualquier caso, habló de una “sobrecarga” de estos servicios y de la necesidad de un ajuste a la hora de seleccionar a las casas de análisis con la nueva normativa que, en positivo, podría ayudar a valorar más, y de forma monetaria, el análisis -y a las gestoras a racionalizarlo-.

Planes de pensiones

Sobre pensiones, Martínez-Aldama se refirió a medidas para impulsar el negocio de planes de pensiones, como que salga adelante la norma para ofrecer información a los futuros jubilados sobre su pensión estimada –contemplado en la ley de 2011, pero que no se ha llevado a cabo-, el establecimiento de un sistema de aportaciones cuasi obligatorio a nivel de empresa o mejorar la fiscalidad. Sobre la reducción de las comisiones máximas de los planes, advirtió de que esta medida no incentiva las aportaciones y, sobre su mayor liquidez, advirtió de que si en 2025 –primer año en el que se podrán reembolsar, tras 10 años de inversión- estamos en una mala situación económica, ello podría incitar a reembolsos anticipados, generando un doble efecto negativo en los mercados y en las políticas de inversión de los planes (que se vean obligados a pasar de invertir en activos más líquidos, aun a costa de la rentabilidad).

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