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Reforma en Uruguay

El gobierno uruguayo prepara cambios en el Régimen de las Zonas Francas que tendrá un impacto sobre la industria financiera

El gobierno uruguayo prepara cambios en el Régimen de las Zonas Francas que tendrá un impacto sobre la industria financiera
Instalaciones de Zonamérica, a las afueras de Montevideo / Wikimedia Commons
  • El gobierno uruguayo asegura que los cambios son necesarios para seguir las normas de la OCDE
  • Empresas internacionales y buena parte de la industria financiera se encuentran instaladas en las zonas francas
  • Las gestoras financieras situadas en las zonas francas del país podrán verse afectadas en la medida que no cumplan con los objetivos del régimen, sea que ya no prevén inversiones en el país o que la mano de obra nacional que emplean es escasa o nula
  • Estos cambios afectan a la industria financiera en la medida que se establece un plazo de diez años para los contratos y prórrogas que suscriban los usuarios directos que realicen actividades de servicios
  • Las zonas francas emplearon a más de 14.000 personas en el año 2015; supusieron el 24% de las exportaciones totales de Uruguay en el año 2014 y la inversión en ese mismo año superó los 719 millones de dólares
Por Magdalena Martinez Vial

Uruguay ha basado parte de su éxito económico, especialmente en lo relativo a la captación de inversiones, en un Régimen de Zonas Francas que ofrece facilidades tributarias en varios puntos estratégicos del país. Gran parte de la industria financiera de Montevideo está instalada en estas zonas especiales. El gobierno uruguayo ha anunciado una reforma de este sistema que está en plena tramitación en el parlamento. Según las autoridades, los cambios son necesarios para que Uruguay cumpla las normas de la OCDE.

Martín Rubinstein, asesor tributario de UhyGubba & Asociados, respondió a tres preguntas de Funds Society sobre los cambios que se avecinan:

1. ¿Qué cambios de la ley de Zonas Francas podrían afectar a las gestoras financieras instaladas en Uruguay?

Las principales modificaciones a la Ley n° 15.921 de Zonas Francas que introduce el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas —actualmente a estudio del Poder Legislativo— refieren a la exigencia de documentación y plazos de los contratos para los usuarios directos e indirectos.

Se pretende controlar que las empresas instaladas o a instalarse en zonas francas contribuyan al cumplimiento de los objetivos por los cuales se creó este régimen, en primer lugar: promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración económica internacional.

Las gestoras financieras instaladas en las zonas francas del país podrán verse afectadas en la medida que no cumplan con los objetivos del régimen, sea que ya no prevén inversiones en el país o que la mano de obra nacional que emplean es escasa o nula.

Por otra parte, estos cambios afectan a la industria financiera en la medida que se establece un plazo de diez años para los contratos y prórrogas que suscriban los usuarios directos que realicen actividades de servicios.

Con estos cambios, el gobierno busca también tener un control más estricto sobre los usuarios que se benefician de las exoneraciones tributarias que brinda el régimen de zona franca. Es así que se modifica la información que deben presentar los interesados al solicitar la autorización como usuarios y se establecen plazos de duración de los contratos cuya prórroga debe ser autorizada por la entidad de control correspondiente.

Si bien ya hubo un intento del Poder Ejecutivo de establecer plazos a la duración de los contratos mediante el decreto 344/010, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo había declarado nulos con efectos generales los artículos en cuestión, por lo que de esta forma se le da un rango legal a la norma.

2. El gobierno uruguayo asegura que la reforma es necesaria para cumplir los criterios de la OCDE: ¿las zonas francas han puesto a Uruguay en una situación difícil frente a los organismos internacionales que promueven la transparencia?, ¿que podría cambiar con la nueva ley?

Desde el año 2009, en el que Uruguay fue incluido en la lista negra de la OCDE, se ha estado ajustado la normativa fiscal interna de manera de hacer frente a las observaciones de esta institución europea en materia de transparencia fiscal y estándares impositivos internacionales.

En el marco del plan BEPS —y en particular la acción 5 que refiere a combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia— es que recientemente se observa por parte de la OCDE el régimen de zonas francas en el país.

El Subsecretario de Economía y Finanzas Pablo Ferreri ha dicho recientemente que las modificaciones propuestas en el proyecto de ley buscan evitar que Uruguay sea incluido en una lista negra que afectaría a quienes prestan servicios desde zonas francas.

Entendemos que, si bien las modificaciones surgen a raíz de una llamada de atención de la OCDE que pone en una situación incómoda al país frente al organismo internacional; L a solución propuesta no plantea cambios radicales al régimen que afecten considerablemente a los usuarios que realmente llevan adelante su operativa en los exclaves.

3. Las Zonas Francas han sido un potente instrumento para captar inversión, demostrando su éxito en Uruguay. ¿Ese régimen de ventajas fiscales pierde interés para el gobierno a medida que la economía se consolida? La nueva legislación, ¿podría significar una fuga de inversores?

Las zonas francas resultan de suma importancia para el país en la que refiere a captación de inversión, diversificación de las exportaciones y sobre todo generación de empleo calificado.

De acuerdo a estudios elaborados por el Ministerio de Economía y Finanzas las zonas francas emplearon —entre empleos directos e indirectos— a más de 14.000 personas en el año 2015; exportaron el 24% de las exportaciones totales del país en el año 2014 y la inversión en ese mismo año superó los 719 millones de dólares.

Considerando el impacto de estos indicadores en la economía resulta muy difícil creer que el gobierno pierda interés en este régimen.

Por otro lado, entendemos que la nueva legislación —en caso de ser aprobada en su redacción actual— no debería significar una fuga de inversiones del país. Para la gran mayoría de las empresas que manifiesten su viabilidad económica y financiera, así como su contribución al cumplimiento de los objetivos propuestos en la ley, no debería esta modificación afectar mayormente su actividad más allá del mayor trabajo administrativo y costos asociados a la presentación de la documentación exigida.

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