Un tenso debate en la Cámara de Diputados de Argentina concluyó con la media sanción de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial que servirá para que el país avance en su proceso de ingreso en la OCDE y mejore su imagen internacional.
La normativa, que tiene pendiente el voto en el Senado, establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción tanto de empresas como de personalidades jurídicas como asociaciones.
Las penas por delitos contra la administración pública aumentan (entre 4 y 10 años de prisión) y las hacen excarcelables.
Las multas serán del 0,5% al 20% de las ganancias brutas anuales de la empresa. En caso de colaboración de la entidad para dilucidar un delito de corrupción se podrá obtener la inmunidad.
La bancada oficialista no logró una mayoría suficiente para aprobar el artículo 37 de la normativa, que tenía como objetivo hacerla retroactiva. Con el llamado “artículo Odebrecht”, el gobierno tenía intención de investigar los vínculos entre la constructora brasileña y la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
Pero la oposición bloqueó este capítulo de la reforma y el gobierno dio marcha atrás dándole prioridad a un cambio necesario para que Argentina se acerque a la OCDE.
Por Alicia Miguel Serrano