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Curso de la APIE

Demografía y pensiones: ¿obstáculo para que se cumplan los objetivos de déficit público y deuda en España?

José Luis Escrivá, presidente de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, AIREF.
José Luis Escrivá, presidente de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, AIREF.
  • La economía crecerá un 2,5% gracias a un rebote "intenso" y un crecimiento de mejor calidad que en los ciclos anteriores
  • “La senda fiscal prevista en la APE supone una reducción del déficit del 3,2% del PIB en 2018-2021, que la AIREF valora como improbable”, debido a que las Administraciones Públicas llegarán al techo de gasto y también por los gastos que supondrá la revalorización de las pensiones
  • Escrivá también advirtió sobre la deuda pública, de forma que si se mantiene en niveles cercanos al 100% sobre el PIB estaría en una “situación sensible ante shocks de mercado"
  • “Sin herramientas como el tipo de cambio ni los tipos de interés, y cuando los mercados de capitales no ayudan, debido a la Unión Monetaria la política fiscal acaba haciendo gran parte del trabajo y se sobrecarga"
  • Existen “riesgos significativos sobre los escenarios macro y fiscal, ligados al envejecimiento de la población, a la recurrencia de crisis financieras y a la persistencia de pasivos contingentes”
  • La evolución demográfica podría añadir al gasto público en torno al 2-2,5% del PIB
Por Alicia Miguel Serrano , Madrid

El crecimiento económico en España se está intensificando y además será de mejor calidad que en el pasado. Así lo prevé José Luis Escrivá, presidente de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, AIREF, en el marco del seminario “La economía ante el blockchain. Lo que está por venir”, organizado por la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. Así, la institución avala las previsiones macroeconómicas incluidas en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) para el periodo 2018-2021 y habla de un crecimiento nominal de la economía española del 2,5% del PIB.

¿Las razones? Un rebote “intenso” tras la crisis financiera (en la que reconoce que los economistas no fueron capaz de prever hasta qué punto el ciclo fue tan agudo), y un crecimiento de mejor calidad que en ciclos anteriores, lo que ayuda a la sostenibilidad.

“En un contexto de normalización cíclica y una política fiscal globalmente neutral, la AIREF considera factible un crecimiento promedio para el periodo 2018-2021 en torno al 2,5%, con un perfil decreciente”, señaló Escrivá. “El escenario macroeconómico se mantiene sólido, con una ligera corrección procedente de las últimas señales”, dijo, tras firmar que “el crecimiento en los últimos años ha sido más equilibrado que en el anterior ciclo, propiciando soportes para el crecimiento futuro”.

De hecho, poniendo el contador a cero en el año 1999, habló de una situación en la que la construcción aporta al PIB 3 puntos menos que entonces (el 14% frente al 17%), con un superávit por cuenta corriente del 2% del PIB (frente al -1,5% de entonces), una inflación moderada (1,7% frente al 2,7%) y empresas más saneadas que entonces (con balances saneados frente al apalancamiento del 16% de 1999), razones que apoyan ese crecimiento más sano y que ayudan al optimismo. Y todo, con una productividad sostenida en tasas del 1% en los últimos 30 años, si bien ahora bastante por debajo, pero sin ser ningún “desastre”.

Demografía y pensiones, obstáculo para que se cumpla el déficit público

Sin embargo, a pesar de las buenas perspectivas, descartó las perspectivas de la APE en lo que a reducción del déficit se refiere: “La senda fiscal prevista en la APE supone una reducción del déficit del 3,2% del PIB en 2018-2021, que la AIREF valora como improbable”.

La razón es que, aunque los ingresos son buenos, “es muy improbable la senda de gastos de la APE”, debido a que las Administraciones Públicas llegarán al techo de gasto (“y de motu propio harán más”), y también por los gastos que supondrá la revalorización de las pensiones y otros temas, como la presión alcista de la remuneración de los funcionarios.

Sobrecarga en la política fiscal

Escrivá también advirtió sobre la deuda pública, de forma que si se mantiene en niveles cercanos al 100% sobre el PIB estaría en una “situación sensible ante shocks de mercado". Según sus estimaciones, si se cumplieran los objetivos fiscales con el programa de estabilidad y hubiera superávit en 2021, en 2035 la deuda llegaría al 60% pero si esto no ocurre, la deuda podría quedar en el entorno del 85%. “La evolución de la deuda pública nos deja en una situación vulnerable”, dijo, teniendo en cuenta que en 2007 esa cifra era del 35% sobre el PIB.

“Sin herramientas como el tipo de cambio ni los tipos de interés, y cuando los mercados de capitales no ayudan, debido a la Unión Monetaria la política fiscal acaba haciendo gran parte del trabajo y se sobrecarga, y por eso en años buenos, hay que aprovechar, ir a niveles de deuda cómodos para que nos den colchones hacia delante ante un cambio de ciclo”, advirtió.

Y, en este sentido, señaló que existen “riesgos significativos sobre los escenarios macro y fiscal, ligados al envejecimiento de la población, a la recurrencia de crisis financieras y a la persistencia de pasivos contingentes”.

Los riesgos

Con respecto a esos riesgos, señaló el envejecimiento de la población como uno “altamente probable”, a largo plazo, y cifró su impacto en una horquilla muy amplia, entre el 0,3% y 4,7% del PIB. Con todo, explicó que están trabajando con modelizadores sobre estos temas demográficos, porque los estudios son insuficientes, si bien piensan que a largo plazo este tema podría añadir al gasto público en torno al 2-2,5% del PIB.

Los cálculos estimados son un impacto sobre el gasto de 700 millones de euros por las pensiones de viudedad y de 2.000 millones por la revalorización de las pensiones por encima del IRP. Sobre la posibilidad de financiar las pensiones con nuevas figuras impositivas en ciertos sectores, aseguró que su organización simplemente valúa, pero no toma decisiones. “En su caso, evaluaremos si las medidas que se tomen son factibles, están bien diseñadas, y haremos las proyecciones de impacto”.

Otro de los impactos pueden ser las crisis financieras, que ocurren de media cada 15 años, que siempre tienen costes para el sector público –de hecho, un impacto creciente por el mayor riesgo sistémico del sector financiero-, aunque se está trabajando en una infraestructura para paliar esto. “Posiblemente no seremos capaces de detectar el próximo shock que nos llegue y hay que tener en cuenta que toda la superinfraestructra financiera e innovaciones acaban generando riegos para la sostenibilidad pública. Es clave seguir profundizando para que las regulaciones financieras protejan al máximo al Estado y a los bienes públicos frente a decisiones o actividades que pueden generar riesgo sistémico o perturbaciones y obligan al sector público a tomar medidas para evitar males mayores en algún momento”. Y también están los riesgos geopolíticos, que no pueden prevenirse, llegan de forma repentina y con un horizonte incierto.

El tercer riesgo, la desviación de deuda pública que puede ocurrir ante la inclusión o absorción de administraciones que no están dentro del sistema público, o a medio camino, cuentan con una dudosa viabilidad financiera y aumentan la deuda. También porque en la administración central puede haber empresas públicas cuyo nivel de deuda no se corresponda con el flujo de ingresos futuro. Y en el ámbito financiero también hay candidatos, dijo Escrivá. Factores todos ellos que pueden crear una desviación del 3,5% sobre el PIB en la deuda pública.

Subidas de tipos

Sin embargo, las subidas de tipos aún no preocupan a la AIREF, ya que Escrivá habla de una política acomodaticia en un escenario de largo plazo, algo que se descuenta en la curva de rendimientos de la deuda: “Como escenario central, la política monetaria seguirá siendo acomodaticia, aunque siempre hay que plantear escenarios alternativos”, aseguró.

Sin embargo, Antonio Garamendi, vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme, sí lo considera como el principal riesgo de nuestro entorno, pues cada décima de subida supone miles de millones de euros. El experto habló de que la digitalización “no es una revolución industrial, puesto que la sociedad ya está por delante de lo que hacen las empresas” y aseguró que el mundo laboral va a cambiar en gran medida, y “el 80% de los trabajos se tienen que transformar”, porque el otro 20% va a desaparecer.

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